'Quedaron pendientes en la nueva ley contra la extorsión', asegura experto

Para el politólogo Sandro Arreola, en el "apuro" de aprobar dictámenes en el Congreso de la Unión, quedan puntos y acuerdos pendientes en las leyes y en los debates, como en la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión, pues lamentó que en la Cámara de Diputados no se escucharon aportaciones de las víctimas y no se contempló la creación de una fiscalía especializada en la investigación de la extorsión, como ocurre con otros delitos.

Al dotar al Estado de la facultad para investigar la extorsión de oficio, sin la necesidad de que exista una denuncia, una fiscalía especializada "es fundamental" para que la nueva ley sea aplicada de forma correcta. "No existe, desde ahora, una dependencia para estar investigando, como lo señala la ley, de oficio. Ese sería un pendiente".

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También advirtió que la ley no especifica los delitos cometidos a través de llamadas telefónicas y la extorsión por parte de servidores públicos. "Una gran mayoría de las extorsiones son telefónicas, entonces hay una laguna entre saber qué es un secuestro virtual y una extorsión telefónica. Me parece que eso no queda muy claro, es decir, pedir un rescate en un secuestro virtual pareciera que tendría más la figura de una extorsión", comentó.

"La otra, y la más importante, es que no se habla de la extorsión de autoridades. La ley no contempla cambios sustanciales en el sistema anticorrupción. Es decir, también hay extorsión por parte de servidores públicos y tampoco está contemplado", añadió.

En tanto, uno de los puntos polémicos, resaltó el especialista, es la reserva que presentó el diputado Ricardo Monreal, en la cual se busca reducir las penas de prisión para servidores públicos que omitan denunciar delitos de extorsión. El dictamen original contemplaba condenas de 10 a 20 años para policías, ministerios públicos, directores de centros penitenciarios, entre otros, sin embargo, la modificación reduce las sanciones de cinco a 12 años.

"Si la autoridad no es muy proactiva a investigar delitos probados, pues ahora imaginemos con posibilidades o con la presunción de que existen. Me parece que esa es una debilidad de la ley".

Con todo, Arreola reconoció que la nueva ley tiene puntos positivos, como la protección de la identidad de las víctimas al momento de denunciar y la posibilidad de investigar la extorsión por oficio. Con ello, dijo, se brindan más herramientas para fortalecer las carpetas de investigación, así como la estrategia de seguridad del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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