La piratería informática cambia y se renueva para escapar de la policía

El jefe siempre vestía impecable. Un indicio entre muchos de su elevado estilo de vida, a caballo entre Grecia e Italia. Su organización llegó a contar con más de 50 trabajadores de distintas nacionalidades. La base se ubicaba en Canarias, pero contaba con responsables y técnicos franceses, alemanes, polacos y de origen latinoamericano. Él mismo es neerlandés. A veces, los usuarios de webs piratas aducen los parecidos con las páginas legales para explicar por qué terminan accediendo a las primeras. Pero resulta que hasta las organizaciones que se esconden detrás pueden asemejarse. “Fichaba a los mejores, igual que las multinacionales”, valoran fuentes de la investigación que desmanteló en abril de 2024 una trama que, según los agentes, ingresó 5,3 millones de euros en cuatro años con la distribución ilícita de contenidos audiovisuales. Quizás la Operación Tilo sea la más llamativa del último año de los agentes especializados en estos delitos, pero no es la única. La Policía Nacional bloqueó en 2024 un 30% más de webs que atentaban contra derechos de propiedad intelectual que en el año anterior, entre ellas casi medio centenar de páginas para ver series o películas pirateadas.

A comienzos de marzo se conoció otra actuación, que ha supuesto el cierre de 17 páginas, además de detener al principal acusado: un hombre de Santander, de unos 30 años, que había ganado unos 200.000 euros difundiendo contenidos a través de canales de Telegram, WhatsApp y Discord. Entre el caso más relevante y uno de los más recientes, de alguna manera, se resumen las claves del fenómeno: estructuras internacionales compuestas por expertos profesionales. “Ya no recuerdo la última vez que encontramos un servicio solo local. Hasta la Europol ha colocado la propiedad intelectual entre sus principales ámbitos de investigación”, señala Mónica Dopico, expolicía especializada en estos delitos que ahora ejerce de asesora de Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), una coalición que trabaja en la protección de la propiedad intelectual. A menudo se trata de delincuentes de cuello blanco, de apariencia luminosa y labores más oscuras; la difusión de las obras fluye por redes sociales, mensajería instantánea, aplicaciones y cada vez más IPTV (tecnología que permite ver miles de películas y series y canales de televisión por internet a través de ordenador, tablet o teléfono). La piratería ha retrocedido en algunos campos, pero sigue viva. Y cambia para seguir escapándose de la ley, en una eterna persecución del gato al ratón.

Cuando gana el primero, aparece el siguiente mensaje en las webs donde antes hubo barra libre de cultura: “Dominio intervenido por orden judicial”. La posibilidad de acceder a ese contenido gratis o pagando menos las convierte en opciones atractivas para miles de usuarios, pero la policía advierte de que, además del perjuicio económico a creadores y empresas que viven de la producción cultural, se exponen a que sus datos sean utilizados de forma fraudulenta. “Cuando un servicio online es gratuito, tú no eres el cliente. Eres el producto”, dice el responsable del grupo de delitos en el ámbito de las telecomunicaciones y criptoactivos (activos digitales que usan criptografía) de la Policía Nacional, que pide que se le identifique como Francisco.

“Hay bastantes páginas y van saliendo más, a algunas les van cambiando el nombre, y también comparten contenidos con otras, que lo revenden”, explica el inspector. Su grupo, con más de 20 años de experiencia en investigaciones de piratería, cambió de nombre hace apenas año y medio para sumar también los criptoactivos. Los agentes, que pertenecen a la Unidad Central de Ciberdelincuencia, se encargan de perseguir a las organizaciones criminales de mayor entidad, por lo que sus investigaciones tienen alcance nacional o internacional.

“Las operaciones de piratería se desarrollan en varios países y mútiples jurisdicciones. Trabajamos muy de cerca con la Policía Nacional, Interpol, Europol o el FBI”, confirma Larissa Knapp, vicepresidenta ejecutiva y responsable de la oficina de protección de contenido de la MPA, la organización que engloba a los grandes estudios de Hollywood. Y que precisamente impulsó otro organismo, ACE, ante la complejidad y magnitud de la tarea: “Hoy, la piratería está dotada de muy alta tecnología y se ha vuelto más sofisticada, elusiva y masiva. Hace 10 años, MPA abordaba, de media, dos docenas de casos al año. Ahora, la misma cantidad es la que afronta ACE cada semana”.

Un informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) estimó que el acceso pirata a las IPTV creció un 10% durante 2023 y que el 1% de los internautas europeos se suscribió a webs ilegales en el periodo 2022-2023. “La multiplicación de las IPTV desde 2017 cambió la piratería de forma drástica. De una oferta más pequeña y localizada se pasó a una totalmente extensa y global. Además, consiguieron un cambio de mentalidad: que el usuario esté dispuesto a pagar por la piratería”, reflexiona Dopico.

La IPTV TV Mucho (también conocida como Teeveeing), objetivo principal de la Operación Tilo, se había convertido en una de las páginas más vistas entre los expatriados en España. Logró cuatro millones de visitas en 2023, ofreciendo más de 125 canales, incluidas BBC, ITV, Sky y RTL, y miles de películas y series. Sus más de 14.000 suscriptores pagaban entre 10 y 19 euros al mes, o entre 90 y 169 euros al año. Mientras las plataformas digitales de cine, series, música o videojuegos multiplican su oferta y pelean por la audiencia, el pirateo de IPTV no deja de crecer. Y ha generado una nueva fuente de ingresos: a las tradicionales, publicidad y uso de datos personales, se ha sumado el cobro por las suscripciones. “Aunque no supone la mayoría de los streaming no autorizados, sí es uno de los ámbitos más lucrativos. Las aplicaciones de IPTV a menudo piden a los usuarios que emparejen un dispositivo, como un móvil o un ordenador, que termina expuesto y vulnerable a todo tipo de hackeo. Y el programa para realizarlo puede comprarse fácilmente en internet. De ahí que la Europol hable de ‘piratería como un servicio’. Estas herramientas están reduciendo las barreras de acceso para aspirantes a criminales online”, agrega Knapp.

“Las reformas legislativas, la concienciación y el crecimiento de la oferta legal, entre otras razones, han producido mejoras significativas. Pero la piratería es un fenómeno vivo. Llegó a tener una magnitud exorbitante; hoy aún es importantísimo”, sostiene Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de creadores e Industrias de contenidos, el organismo en el que la industria centralizó la lucha contra el acceso no autorizado a sus obras. Aunque Carlos Sánchez Almeida, el abogado que logró en los tribunales la absolución del fundador de la web SeriesYonkis, considerada durante años la enemiga pública número uno de la cultura, ofrece una visión distinta: la piratería es hoy “infinitamente menor”. “Estas operaciones persiguen el cierre de páginas para apuntarse una victoria que salga en los periódicos. No abordan el fenómeno general”, agrega. A mediados de marzo, la Policía informó de la detención de otras nueve personas en Málaga y Jaén como supuestos integrantes de otra organización criminal que distribuía contenido audiovisual con la venta de decodificadores manipulados y a los que atribuyen cinco millones de beneficios por el cobro de pagos ilegales.

Detrás de ese acceso fácil a obras pirateadas suelen esconderse delincuentes con un perfil muy especializado, informáticos o con formación específica. Quienes les persiguen comparten algunos intereses. En el grupo que dirige el inspector conjugan perfiles técnicos, hay ingenieros o informáticos, y agentes con experiencia en investigación a pie de calle, seguridad ciudadana o crimen organizado. Y no se quedan detrás de las pantallas. “Salimos a la calle, haciendo detenciones, registros, intervenciones telefónicas. Nuestras investigaciones son completas”, añade.

Las denuncias les llegan sobre todo de grandes empresas, titulares de los derechos de propiedad intelectual, como ACE, EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), Mediapro o LaLiga, que Almeida identifica como el más aguerrido persecutor de la piratería ahora mismo. Entre otros casos, ejerce de acusación particular en el juicio oral que se acaba de abrir contra el desarrollador de IPTV Extreme.

Los principales delitos por los que se investiga a estos grupos son organización criminal, contra la propiedad intelectual y blanqueo de capitales. El delito contra la propiedad intelectual se castiga con penas que van de los seis meses a los cuatro años, además de multa, pero contempla una serie de agravantes, como que el beneficio tenga especial trascendencia (que sea considerable) o revista especial gravedad (por el número o valor de obras pirateadas) y que pueden elevar las penas de prisión hasta seis años. El abogado Almeida apunta a un truco: “El presunto delito sería contra la propiedad intelectual, pero se alegan otros para facilitar que el juez autorice escuchas telefónicas o registros domiciliarios”. Navarrete discrepa: “Es evidente que, en la inmensa mayoría de casos, hay organizaciones criminales detrás”. Puede que ambos solo coincidan en recordar a los usuarios la importancia de no compartir a la ligera sus datos, especialmente con webs piratas, pero también con gigantes como Google, X o Meta.

A la hora de llevar estos casos a un juzgado, los agentes tienen que sacar todas sus dotes divulgativas. No es tan gráfico como detener a una persona con un kilo de cocaína. En 2019, en el arranque del juicio al fundador de Seriesyonkis, Alberto García Sola, este le espetó al fiscal: “Creo que usted no ha entendido nada de lo que le he respondido”. Aquel caso terminó hace unos meses después de 16 años, cuando el Constitucional confirmó la absolución de los imputados.

Almeida cree que algunos argumentos usados contra Seriesyonkis se mantienen hoy: “Ahora hay una persecución contra aplicaciones que puedan ser utilizadas para compartir productos culturales que en sí mismas no son delictivas”. A lo que Navarrete opone: “Facilitan acceso a contenido que sí lo es, por ilícito”. El abogado critica las peticiones de indemnizaciones “excesivas” por parte de la industria, que dificultan a su juicio llegar a acuerdos. “No lo comparto en absoluto. La forma de valorar el daño siempre ha sido a la baja, los prejuicios en los titulares de derechos y en la economía en general, por los empleos e impuestos perdidos, son millonarios”, argumenta Navarrete. En el juicio de Seriesyonkis, la acusación particular estimó un perjuicio de 546 millones.

Otra organización investigada por la Policía Nacional en 2024 ganó 1,1 millones. El joven que la dirigía, arrestado en julio en Cartagena, ingresaba unos 20.000 euros al mes, según cálculos policiales. Junto a otras dos personas, detenidas en Móstoles (Madrid) y Coria del Río (Sevilla), había puesto en marcha cuatro webs y dos canales de Telegram que ofrecían estos contenidos. El principal implicado, que llegó a reconocer a los investigadores que ya no sabía qué hacer con los beneficios, se dedicaba a las criptomonedas. Estuvieron siguiendo su rastro durante casi dos años.

Las principales dificultades en estos casos vienen dadas por su carácter técnico. Por eso Navarrete subraya la importancia de que la ciudadanía, la Administración, así como policías, jueces y fiscales estén cada vez más formados en estos ámbitos, y, tras una mayor colaboración de las compañías telefónicas, ahora pide que colosos como Google, cuyo motor de búsqueda suele ser el punto de partida de muchos usuarios para hallar el tesoro pirata, ayuden en lugar de desentenderse. Los investigados contratan servidores y dominios en otros países y eso hace que la policía tarde más tiempo en llegar hasta ellos. “Aunque llegamos”, añade el inspector. Usan a testaferros para abrir cuentas bancarias y tratan de montar empresas de apariencia legal para no llamar la atención. Tras su arresto no suelen entrar en prisión, pero si se pueden recuperar algunos de los beneficios que han obtenido y si terminan sentados en el banquillo deben responder ante los principales perjudicados. ¿Hay reincidencia? Sí, responde el responsable policial. Algunos que no eran conscientes de la repercusión de su actividad terminan dejándolo, pero otros siguen, por los grandes beneficios que les reporta.