Nombramiento de hija de Vázquez Mota en el PJ es ilegal, aseguran abogados; exigen investigación

AGUASCALIENTES, Ags. (Proceso).- El nuevo Poder Judicial en Aguascalientes ha arrancado funciones con el pie izquierdo. Mientras que durante el proceso electoral fue visible la intromisión del gobierno de la panista Teresa Jiménez Esquivel, el nombramiento —ilegal de acuerdo con la ley— de María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, como nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia sin haber sido la más votada, ha marcado el comienzo de una nueva era en la justicia aguascalentense.

Ocampo Vázquez presidirá a la máxima sala de justicia en el estado durante dos años. Se colocó en el sexto lugar en número de votos, pero fue elegida presidenta del Supremo Tribunal por sus otros diez compañeros y compañeras magistrados en una sesión secreta, violando lo establecido en el Artículo 51 de la Constitución local, que señala que la persona más votada presidirá la sala, luego el cargo debía de rotarse en función del número de votos que obtuvo cada candidatura.

“Se observa incumplimiento a un mandato constitucional, ya que se advierte que el pleno carece de facultades para elegir a su presidente, pues esta atribución corresponde a la ciudadanía y ya fue expresada en la votación de la elección judicial”, señalaron integrantes del Observatorio Judicial del estado, una iniciativa ciudadana.

En una entrevista grabada con el canal oficial de gobierno, Ocampo Vázquez defendió su nombramiento: "No es inconstitucional (...) Es muy importante establecer que el artículo 51 establece que tendremos un presidente, que el cargo será de dos años y cambiará de hombre a mujer. El magistrado entrante —Felipe Ávila Orozco—, que tiene el mayor número de votos, es quien decide, porque el magistrado saliente era hombre —Juan Rojas García—, decide que vaya una mujer. Es decir, hay un cambio en el principio de equidad de género", argumentó, sin que esa facultad de decidir esté consignada en la ley.

El nombramiento ha sido impugnado por la senadora morenista Nora Ruvalcaba ante el Tribunal Electoral del estado a través de un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la ciudadanía, al considerar que se violentó el derecho político electoral que tiene la ciudadanía.

Con esos mismos argumentos, otro abogado local impugnó ante la misma instancia, y agregó la violación a los principios de certeza, legalidad, independencia judicial y máxima publicidad de los electores aguascalentenses.

Hasta ahora ninguno de los once nuevos integrantes del Supremo Tribunal han explicado cuál fue el fundamento legal para realizar dicha designación, que también habría violado el acuerdo CG-A-51/25 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEA) emitido el 25 de junio pasado, donde se remitió al Órgano de Administración del Poder Judicial local la determinación del orden de prelación de la presidencia del Tribunal.

Ese órgano, sin embargo, está incompleto, pues sólo tiene tres de cinco integrantes sin que el Poder Judicial haya explicado la razón; y ha sido acusado por el mismo Observatorio de omisión.

De acuerdo con información extraoficial, Felipe Ávila Orozco, que obtuvo el mayor número de votos y que por ello debía presidir al Poder Judicial, se negó a tomar el cargo, pero no explicó públicamente las razones. Mientras que Mariana de Fátima de León Barba, la segunda más votada, habría renunciado por un supuesto conflicto de interés al ser esposa de Carlos de Alba Salas, secretario particular de la gobernadora.

“Se señala una falta grave a la Constitución por parte de los once magistrados que, habiendo protestado cumplirla y hacerla cumplir, celebraron una sesión ilegal y tomaron acuerdos fuera de sus atribuciones. Se observa falta de información en cada caso sobre las razones por las que se declina presidir el Supremo Tribunal, un cargo otorgado por voluntad ciudadana (...) esta declinación representa un desprecio hacia la voluntad ciudadana expresada en las urnas. (El conflicto de interés) persistiría incluso sin ocupar la presidencia”, agregaron los integrantes del Observatorio.

La organización civil ha llamado al Tribunal de Disciplina Judicial a iniciar una investigación de oficio “sobre estos hechos atribuibles a los once magistrados en relación con el mandato judicial”, sin que hasta ahora haya ninguna respuesta por parte de la autoridad.

“(Los nuevos magistrados) vienen de un acordeón (si impugnamos) nosotros estaríamos validando que estamos de acuerdo con el acordeón y la forma en como llegan. No hay grandes atributos, o atributos extraordinarios, entre los que están en los primeros lugares de votación para que puedan dirigir los destinos del Poder Judicial”, dijo Salvador Farías, presidente del Colegio de Abogados.

En medio de los señalamientos, Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, fiscal especializado en delitos electorales, amagó con que los señalamientos contra Ocampo Vázquez podrían ser considerados como violencia política de género. El fiscal es hermano de la diputada local panista Nancy Gutiérrez y esposo de Lizzully Alejandra Esparza Rocha, nueva jueza civil que antes era auxiliar en la bancada panista en el Congreso local.

“Si las críticas se basan en que sea hija de, o apoyada por, se pueden estar denostando sus capacidades, tiene grandes estudios, yo creo que es una persona altamente capacitada para la encomienda. Hay que ser muy cuidadosos y no rayar en eso que puede consistir en violencia política en razón de género”, dijo a medios locales.

Un Poder Judicial panista

Ocampo Vázquez ha sido señalada también por su militancia activa en Acción Nacional, el partido que controla políticamente al estado, y por su cercanía con el Poder Ejecutivo local, acusado de entrometerse en la elección judicial, por ejemplo, con la distribución de acordeones durante la jornada electoral, como lo señaló el Colegio de Abogados. Lo anterior también fue denunciado por Morena ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

La nueva presidenta del Poder Judicial milita en ese partido desde 2019, y antes de rendir protesta era directora general de Política Social y Planeación en la Secretaría de Desarrollo Social, cargo al que ingresó en octubre de 2022, justo cuando inició la administración de Jiménez Esquivel. En aquel momento Ocampo Vázquez era, al mismo tiempo, regidora con licencia en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde también está localizado su registro en el padrón de militantes de Acción Nacional.

Pero no es la única. De los 66 jueces y magistrados locales que tomaron protesta el pasado 29 de agosto, 14 son militantes activos de Acción Nacional y al menos 28 ostentaban cargos tanto en el gobierno de Teresa Jiménez Esquivel como en el Congreso local, también de mayoría panista.

De entre los once nuevos magistrados del Supremo Tribunal, sólo uno (Mauro René Martínez de Luna, el único con carrera judicial) no formaba parte de la administración de gobierno, el resto tenía cargos públicos estatales y cinco son militantes panistas en activo, algo que también ha sido señalado por el Observatorio Judicial.

Felipe Ávila Orozco, que obtuvo el mayor número de votos y que por ello debía presidir el Supremo Tribunal, era subconsejero de Asuntos Normativos y Legislación en la Consejería Jurídica, una dependencia creada por la gobernadora y conducida por Eduardo Aguilar Sierra, exabogado del excandidato presidencial y actual senador panista Ricardo Anaya Cortés.

Mariana de Fátima de León Barba, militante panista desde 2019, era directora de Administración en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos (ISSSSPEA), donde la gobernadora ha colocado a miembros de su círculo más cercano; y Xochiltzin Ilancueitl Ramírez Rodríguez, militante desde 2018, era directora de Administración y Finanzas en el Sistema DIF, apenas en 2024 obtuvo su cédula en la licenciatura en Derecho.

Mónica Guadalupe Medina Gómez y José Luis Villarreal Jasso, militantes del blanquiazul desde 2020 y 2008, respectivamente, laboraban en la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, y en la Secretaría General de Gobierno. Y María Guadalupe García Durán era directora general del Trabajo en la Secretaría General de Gobierno.

Los demás en la lista son José Franco Muñoz, que era titular de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y antes ocupó diversos cargos en materia de seguridad pública en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, que fue gobernado en dos periodos por el también panista Luis Alberto Villarreal García, esposo de la gobernadora de Aguascalientes.

Mientras que Cynthia Guadalupe Trujillo Lara ostentaba el cargo de coordinadora de las Casas del Bien Común Rurales de la Secretaría de Desarrollo Social; y Víctor Manuel Martínez Castillo era coordinador de Asuntos Jurídicos en la Comisión Estatal de Búsqueda.

En el Tribunal de Disciplina Judicial, que sería el encargado de investigar las irregularidades, tres de los cinco integrantes tenían cargos en el gobierno estatal y en el Congreso local: Alicia Núñez Medina era analista legislativa en 2024; Omar Eduardo Pedroza López era subdirector Jurídico Administrativo en el Instituto de Educación; y Manuel Peña León era Subconsejero de Litigios y Asuntos Contenciosos en la Consejería Jurídica.

Los dos jueces laborales, Karla María Gallegos Castañeda y Jorge Alberto Aguirre García, son militantes panistas desde 2014. Y entre los 23 nuevos jueces penales hay al menos seis que militan en el PAN, han trabajado en la administración o son familiares de personas que han laborado con Acción Nacional.

Luisa María Alcalde: “elección irregular”

Mientras que en su visita por Aguascalientes el pasado 5 de septiembre, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, acusó una violación a la ley por parte del Poder Judicial aguascalentense, sin que el partido, hasta ahora, anuncie ninguna impugnación por el nombramiento.

“No se puede aceptar que el Poder, que es el encargado de cumplir con la Constitución, en su primer acto la viole. La Constitución es muy clara: la mujer o el hombre que haya recibido mayor número de votos por parte de los ciudadanos de Aguascalientes es quien debe presidir los órganos. No es posible que quien esté en sexto lugar sea quien va a ser la presidenta, eso es violentar la Constitución Federal y la Constitución local”, dijo en entrevista colectiva.