Finalizaron las mesas técnicas de Minsalud para discutir el ajuste en la UPC, ¿de qué se habló y qué sigue?

El 20 de marzo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, instaló oficialmente la mesa de discusión para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del año 2024 y evaluar eventuales rezagos en los valores fijados para las vigencias 2021, 2022 y 2023. Esto, con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en su Auto 007 de 2025 y el considerando 22 del Auto 089 de 2025, proferidos por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

Tras seis sesiones que contaron con la participación de representantes del Gobierno, los pacientes, las EPS, clínicas y hospitales, la academia, entre otros actores del sector salud, esta semana se dio por concluidos estos encuentros. Una actividad que culminó con una sensación de insatisfacción en algunos sectores ante una metodología que, en opinión de Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, no fue concertada y no surtió efecto.

“Se le preguntaba siempre al Gobierno cuál va a ser el paso siguiente. El Gobierno construyó un documento final que enviará a la comisión revisora de la UPC conformada por actores como el Ministerio de Hacienda, que hizo parte de las mesas, el Ministerio de Salud, un representante de Presidencia y un representante del DNP. El resultado final va a ser que la plata es suficiente y que no se requiere ningún ajuste adicional y que Minsalud cumplió. Hizo las mesas, presentó una metodología y todos los asistentes estuvieron de acuerdo, cosa que no es cierta”, señala Silva.

Entre las críticas que hace el representante de Pacientes Colombia está, por ejemplo, la no inclusión de centros de pensamiento de las universidades con conocimiento en el tema del cálculo de la UPC, que se refiere al valor anual que se paga a las EPS por cada afiliado; así como la información deficiente que se presentó por parte de las EPS intervenidas y no intervenidas.

“Llama la atención eso, que cuando el Gobierno interviene es el responsable de la administración de los recursos, de la garantía del derecho y por ende de la información. Y ninguna de las EPS intervenidas, ni siquiera la Nueva EPS, que es del Estado –dueño del 49 por ciento–, envía la información. Hay una intencionalidad directa de no cumplir”, señala Silva.

Por su parte, desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) manifestaron que esperan que después de estas sesiones y con la información presentada, el Ministerio, en cumplimiento a las órdenes del Auto 007 de la Corte Constitucional adelante un análisis técnico y completo sobre el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) retrospectivo.

“Así mismo, que las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de cálculo sirvan para un ajuste de la metodología para la definición anual de la prima, que es componente fundamental de un sistema bien financiado y de una población correctamente atendida”, apuntaron en un comunicado desde la agremiación.

Durante el primer encuentro, el ministro Jaramillo hizo una presentación en la que insistió en que durante el actual Gobierno se han hecho cálculos técnicos para definir los aumentos de la UPC, pese a los informes de analistas y expertos que contradicen dicha tesis.

“Yo no tengo problema con ninguna mesa. Por eso estamos reunidos hoy acá. Pero ya lo había planteado yo. Inclusive el doctor Bruce Mac Master dijo que era una buena noticia del Ministerio de Salud pero que debíamos haberlas hecho hace meses. Y por eso presenté todas las mesas de 2023 y 2024 porque seguramente el doctor Bruce Mac Master no sabe todo lo que estuvimos trabajando para poder llegar a un acuerdo”, dijo el ministro.

En esta primera sesión, Jaramillo también arremetió contra la Corte Constitucional. Según el funcionario ya se tienen un plan para “buscar otros mecanismos y no enfrentarse a la Corte” para hacerle frente a las decisiones del alto tribunal. De acuerdo con él, es al Ministerio de Salud al que le corresponde definir cuánto debe aumentar la UPC, no a la Corte Constitucional.

Ante las declaraciones del ministro, fueron varias las voces que se unieron para señalar que aunque el Gobierno insiste en que los recursos sí están alcanzando, lo cierto es que hoy a los hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos no les está llegando el dinero suficiente desde las EPS (muchas de esas intervenidas) para garantizar la atención y el derecho a la salud de los colombianos.

El tema central en la segunda mesa fueron “las frecuencias de uso como elemento técnico e insumo fundamental para la estimación de la suficiencia de la UPC”. Durante esta sesión el 42,5 por ciento de los asistentes manifestaron no haber recibido oportunamente las preguntas orientadoras. Se dieron varios comentarios por parte de representantes de pacientes y de EPS respecto a la pertinencia de la metodología y la necesidad de revisarla.

Mario Cruz, vocero del grupo de agremiaciones de EPS señaló en su intervención que los criterios de cálculo de la UPC del 2023 y 2025, solo consideran la inflación de años anteriores e inclusiones, y no responden a un estudio actuarial sino aritmético. “Para los años 2022 a 2025, la UPC está subestimada porque la metodología de series de tiempo es irreal al considerar que el consumo se va a aplanar”, quedó registrado en el acta sobre la intervención del vocero

Durante su intervención, Denis Silva también indicó que el ajuste a la UPC no se basó en un cálculo técnico, ya que no se dispone de la información necesaria. Por su parte, Diana Cárdenas, economista y exviceministra de Protección Social, cuestionó que la mesa inicie el proceso con un análisis de frecuencias sin haber discutido previamente un tema estructural relacionado con la información disponible y la calidad de esta y propuso revisar la metodología y acordar entre todos los participantes mecanismos para cruzar y validar la información.

Ante el cierre de la mesa de discusión, desde Acemi, en representación de las EPS del régimen contributivo, manifestaron su preocupación por la calidad y el manejo de la información que sustenta los cálculos oficiales, una constante que expresaron también en las sesiones.

“Existe un serio problema en el reporte de información que sirve de base a los cálculos de la UPC. La falta de estandarización y la discrecionalidad en el análisis de los datos por parte del ministerio, ha conducido a la eliminación de información relevante para el sistema”, indican en un comunicado emitido por Acemi y añaden que los mecanismos de retroalimentación y asistencia técnica entre Minsalud y los reportantes son deficiente: “Si este proceso se optimizara y hubiera fluida comunicación entre las partes, se mejoraría la calidad del reporte, la calidad de los datos y la precisión de los cálculos que son decisivos para el correcto financiamiento del sistema”.

De acuerdo con Acemi, en la mesa de discusión desde este gremio se presentaron las siguientes cifras y datos, que explican la insuficiencia de la UPC en los últimos años: