Consumo abre expediente sancionador a otra inmobiliaria nacional por prácticas abusivas en la gestión del alquiler

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está decidido a acabar con las irregulares que se producen en la gestión de los arrendamientos a particulares por parte de las empresas que ejercen como intermediarios. El departamento que dirige Pablo Bustinduy, que el pasado mes de octubre puso en marcha una investigación sobre la gestión del alquiler inmobiliario, ha abierto un nuevo expediente sancionador a una inmobiliaria nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales o la imposición de la contratación de un seguro.

Se trata del segundo expediente sancionador que Consumo ha abierto a una gran inmobiliaria en los últimos meses después de que a finales de marzo la compañía Alquiler Seguro fuese señalada por estas mismas posibles prácticas abusivas contra los inquilinos.

Estas actuaciones se enmarcan en la investigación que puso en marcha el ministerio el pasado mes de octubre sobre la gestión del alquiler inmobiliario tras las denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Las indagaciones, no obstante, siguen en marcha respecto a otras inmobiliarias a las que también se podrían incoar expedientes por haber podido cometer estas u otras prácticas.

En este sentido, las principales infracciones denunciadas por las diferentes organizaciones consisten en el pago de una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino.

Desde Consumo se recuerda que ley de vivienda "prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato" y que este tipo de prácticas "podrían ser constitutivas de infracciones".

Así, de acuerdo con la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, las infracciones calificadas como graves prevén multas de hasta 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Para las sanciones muy graves, la norma fija "multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido".

Casi 66.000 anuncios ilegales bloqueados

Estos dos procedimientos sancionadores abiertos a grandes agencias inmobiliarias se unen a los expedientes que Consumo mantiene abiertos en el sector de los pisos turísticos. Por una parte, contra la plataforma de alquiler de vivienda turística Airbnb que mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita.

Por otro lado, el ministerio mantiene abierto un expediente sancionador contra empresas que administran viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas tras detectarse que tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo "información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación induzca". En este sentido, Consumo ha ordenado el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos a la plataforma Airbnb.