Cuatro funcionarios del gobierno acusados ​​por el Bloque de Izquierda niegan tener vínculos con empresas inmobiliarias

De los ocho funcionarios del gobierno que el Bloque de Izquierda (BE) señaló, este martes por la noche, de tener vínculos con el sector inmobiliario, cuatro ya salieron públicamente a desmentir estas acusaciones, asegurando que se deshicieron de todas sus posesiones antes de asumir el cargo. Es el caso de la secretaria de Estado de Vivienda, Patrícia Gonçalves Costa, la ministra de Cultura, Dalila Rodrigues , el secretario de Estado de Cultura, Alberto Santos, y el secretario de Estado de Economía, João Rui Ferreira.

Todas las tutelas emitieron comunicados al respecto. Patrícia Gonçalves Costa dice que "en política no todo vale y no todo puede valer". Sus "funciones de gestión" en una empresa de servicios inmobiliarios finalizaron en agosto de 2015 y su participación cesó en enero de 2019, "es decir, hace más de cinco años".

La expresión de que "en política no todo vale" también fue utilizada por Dalila Rodrigues en una nota emitida por el Ministerio de Cultura y citada por Lusa a propósito de la acusación contra el funcionario. La ministra afirmó que la acusación de BE "es mentira" y que "en el momento de asumir el cargo no tenía participación accionaria alguna en ninguna sociedad mercantil". "Antes de asumir el cargo, transferí la acción, hecho que fue debidamente registrado en el registro mercantil", subrayó Dalila Rodrigues.

El secretario de Estado de Cultura, Alberto Santos, también siguió la misma línea argumental. La declaración de Mariana Mortágua "no corresponde a la verdad". "Antes de asumir el cargo, lo que ocurrió hace apenas menos de dos semanas (el 13 de febrero), transferí la participación que tenía en una sociedad comercial y también suspendí inmediatamente mi inscripción en el Colegio de Abogados de Portugal", añadió.

En cuanto al Secretario de Estado de Economía, João Rui Ferreira , y habiendo sido referido como vinculado "al sector inmobiliario a través de un cargo de miembro suplente de la CPCI - Confederación Portuguesa de la Construcción y del Sector Inmobiliario", la nota emitida destaca que "es importante aclarar que ese cargo en la referida confederación resultó exclusivamente de su posición en la dirección ejecutiva de APCOR (Asociación Portuguesa del Corcho), funciones que cesaron antes de su toma de posesión como miembro del Gobierno".

En declaraciones a los periodistas en la Asamblea de la República al final de la tarde de este martes, la coordinadora del BE, Mariana Mortágua, también indicó que hay 20 diputados con participaciones en empresas inmobiliarias (13 del PSD, cuatro de Chega y tres del PS).