<![CDATA[ O princípio do fim da presunção da inocência ]]>

Vivimos en tiempos de ritmo acelerado, en el modo como se produce y se difunde la información, en el modo como se superponen las noticias del día e, inevitablemente, en el modo como formamos nuestras convicciones personales sobre los más variados temas.

En un mundo tan acelerado, el ritmo de la justicia parece intolerable en su lenta marcha.

Sin embargo, los procesos que llegan demasiado rápido a la verdad deben generar desconfianza.

Las opiniones formadas sin contradicción, sin conocer todos los lados de la cuestión, tenderán –tanto en justicia como en información– a ser desequilibradas.

Este desequilibrio producirá injusticias.

Alcanzar la verdad en un proceso hecho de reglas y garantías de intervención y defensa no será lo mismo que decir simplemente lo que uno cree que es verdad o lo que constituye “su” verdad, sin más.

Nos hemos enfrentado a la proliferación de denuncias de acoso en el entorno escolar y académico.

No me corresponde posicionarme sobre los hechos, pues no estoy en posición de determinar qué es cierto o falso, ni en qué medida. La verdad y la falsedad rara vez son absolutas. Se combinan, formando así tesis o versiones.

Lo que quiero enfatizar es que todos debemos reconocer que llegar a la verdad en estos casos es muy difícil. Y se volverá aún más complejo cuanto más tiempo pase después de que se esclarezcan los hechos.

La evidencia se degrada con el tiempo. Y esto perjudica tanto a quienes se quejan como a quienes se defienden de acusaciones que consideran, total o parcialmente, falsas.

Si a mí hoy me acusan de haberme acercado a una persona ayer, sabré, con mucha más autoridad, cómo relatar lo que efectivamente hice ese día y decir que, no, no me acerqué a esa persona o, sí, me acerqué, pero estaba presente esta persona y aquella persona que presenció cómo ocurrió el episodio.

Pero cinco, ocho o diez años después, ¿podré reconstruir lo que ocurrió aquel día que me pareció completamente banal?

Yo, víctima o sospechoso, lo entiendo.

Es muy probable que no.

Y esta dificultad, admitámoslo, puede llevar a que cualquiera de las partes añada un punto.

La propia capacidad del testigo se ve afectada. La credibilidad de alguien que afirma recordar con precisión sucesos muy remotos puede ser cuestionada. Sin embargo, la falta de un recuerdo preciso de los hechos implica que podríamos no estar en condiciones de formular una acusación.

En un proceso orientado al descubrimiento de la verdad, guiado por el respeto a los principios fundamentales del procedimiento penal, como la legalidad de la prueba y el principio in dubio pro reo , las versiones de la víctima y del sospechoso deben analizarse con igual detalle. Deben presentarse tanto las pruebas de la acusación como las de la defensa.

Se requerirá algo que no se exige en los foros de discusión ni para el mero intercambio de experiencias: la víctima debe identificarse en el proceso, incluso si su identidad se mantiene en secreto. Para fundamentar una acusación, los hechos que relata deben ser muy concretos, incluyendo, de ser posible, el lugar, el tiempo y la motivación de los actos que se imputan al sospechoso.

Esto es para que el sospechoso pueda defenderse completamente.

Se entiende que esta defensa no es posible cuando las acusaciones no contienen un adecuado grado de concreción.

Por tanto, se considera que, en toda imputación penal, la alegación fáctica no puede facilitarse mediante el uso de fórmulas vagas, imprecisas, nebulosas, difusas u oscuras.

Y, sin embargo, una acusación vaga o imprecisa puede, y de hecho destruye, a una persona. Conlleva la pérdida de reputación, credibilidad y empleo. La vuelve odiosa a los ojos de muchos, dejándola con poca o ninguna defensa ante esta situación.

Cuando quienes hacen acusaciones públicas permanecen en el anonimato, debemos ser muy cautelosos al aceptar sus acusaciones. Después de todo, no pueden ser considerados responsables de lo que dijeron si se demuestra que es mentira.

Y esto hace vulnerable a la persona acusada. Debemos afrontar esto directamente.

No podemos dejarnos atrapar por el discurso creciente que afirma que quienes dicen ser víctimas merecen más crédito que aquellos que son sospechosos.

No. Esto invierte la carga de la prueba, que recae sobre el acusador, no sobre el acusado.

Es desde este supuesto que debemos partir y no al revés.

Quien denuncia y no presenta denuncia no está sujeto a las reglas del procedimiento penal para el descubrimiento de la verdad y, por tanto, queda exento de cumplir estas reglas de verificación de los hechos y de la prueba.

Los resultados a los que nos conduce el sistema de justicia, con todos sus valores y derechos, no siempre son fáciles de digerir.

Cuando un delito prescribe, se escuchan quejas de que no se ha hecho justicia.

Cuando un tribunal absuelve a un acusado por falta de pruebas, la sensación es que el criminal ha escapado.

¿Qué tienen en común estas situaciones con aquellas en las que el acusado es condenado?

La respuesta es sencilla: en todos ellos se hizo justicia.

Esto aturde y confunde. "¿Justicia, si no hubiera culpables?"

Justicia en el sentido en que los diversos derechos e intereses en conflicto se combinan sin aniquilarse entre sí.

El sistema de justicia se va configurando a lo largo del tiempo a partir de un conjunto de valores que elegimos como esenciales.

La presunción de inocencia, el principio de que al imputado se le garantizan todas las garantías de defensa, el plazo para presentar denuncia, el plazo para que el Estado ejerza su poder punitivo, son sólo algunas de las normas vigentes que en ocasiones tienen del otro lado el derecho de la víctima de un delito a intervenir en el proceso, haciendo valer su propio interés punitivo y obteniendo la reparación de los daños que se le han causado.

Crear un ecosistema donde estos valores contrapuestos sobrevivan sin ser eliminados es un verdadero desafío. Un desafío para las sociedades que aspiran a ser democráticas y regidas por el Estado de derecho.

Puede parecer inaceptable que, en determinados casos, el propio Estado reconozca que ya no le está permitido perseguir penalmente a quien ha cometido un delito.

Pero esta autolimitación del Estado en relación a su poder punitivo es tan necesaria como que su acción se produzca en tiempo oportuno.

A medida que pasa un largo período de tiempo después de cometido un delito, enseña Figueiredo Dias, la censura comunitaria, traducida en juicio de culpabilidad, se desvanece, si no desaparece por completo; las demandas de prevención especial, tal vez muy fuertes inmediatamente después de la comisión del hecho, se vuelven progresivamente insignificantes y pueden incluso fracasar por completo en su objetivo de reintegrar al criminal a la sociedad; ya no podremos estabilizar las expectativas comunitarias, ya apaciguadas o definitivamente frustradas; y, finalmente, la investigación (y la posterior prueba) del hecho y, en particular, la culpabilidad del autor, se hace más difícil y los resultados son dudosos, elevando el riesgo de errores judiciales a niveles insoportables.

Este pensamiento –que no es nuevo– mantiene el vigor de su lógica y no debe ser destruido por impulsos sociales que traducen ese deseo tan primario y humano de castigar.