50º aniversario del Acta Final de Helsinki: ascenso y caída de la OSCE

Hace medio siglo, a finales de julio de 1975, los líderes de 33 estados europeos, junto con los de Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética, se reunieron en Helsinki. Su objetivo era concluir la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), un proceso iniciado dos años antes y cuyo objetivo era aliviar las tensas relaciones entre el Occidente capitalista y el Oriente socialista.
El principal resultado de la CSCE fue el llamado Acta Final de Helsinki, un acuerdo que, si bien no era jurídicamente vinculante, abordaba una serie de cuestiones urgentes divididas en tres “categorías”: asuntos políticos y militares; cooperación económica y científica; y derechos humanos.
Los líderes soviéticos acogieron con satisfacción el Acta Final, ya que afirmaba la inviolabilidad de las fronteras existentes de Europa, algo que interpretaron como una legitimación de facto de sus conquistas territoriales tras la Segunda Guerra Mundial. Los líderes occidentales, si bien reiteraron su no reconocimiento de la anexión de los Estados bálticos por parte de la Unión Soviética, permitieron esta ambigüedad.
El "premio de consolación" para Occidente fue la inclusión en el Acta Final de la tercera "cesta" de derechos humanos y libertades fundamentales como esenciales para la coexistencia pacífica en Europa.
Con ciertas reservas, el Acta Final ayudó a aliviar las tensiones de la Guerra Fría y a sentar las bases para el orden internacional en Europa.
Sin embargo, desde el principio quedó claro que los líderes soviéticos no cumplirían sus propios compromisos en virtud de la tercera "canasta". Si bien la firma del Acta Final impulsó a los grupos de derechos humanos y a los movimientos de liberación nacional dentro de la Unión Soviética —basados en sus principios de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos—, las autoridades soviéticas los reprimieron brutalmente, saboteando así elementos clave del acuerdo de la CSCE.
Esto no era sorprendente: los soviéticos estaban interesados principalmente en la primera "canasta", la político-militar, que interpretaron como legitimadora y reforzadora de la esfera de influencia geopolítica soviética.
Tras la disolución de la Unión Soviética, la CSCE pasó a denominarse Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en 1995. Las "cestas" del Acta Final cambiaron de nombre a dimensiones, y la tercera "cesta" pasó a ser la dimensión humana, que incluiría la observación electoral, la protección de las minorías nacionales, la libertad de prensa y cuestiones más amplias relacionadas con el estado de derecho y la gobernanza democrática.
De la transición a la tensión
Después de que Vladimir Putin llegó al poder en Rusia, las relaciones del país con la OSCE comenzaron a deteriorarse.
El gradual descenso de Rusia desde una democracia débil a un autoritarismo consolidado, marcado por la erosión de los derechos humanos, la libertad de prensa y las normas electorales, ha suscitado crecientes críticas por parte de la OSCE. En respuesta, Moscú ha comenzado a replicar la arraigada postura soviética de minimizar la dimensión humana y enfatizar la primacía de las preocupaciones políticas y militares, descritas en el primer apartado del Acta Final.
Rusia contaba con las herramientas procesales para hacerlo. Dado que la OSCE opera principalmente por consenso, la capacidad de Moscú para rechazar acuerdos paralizó repetidamente las iniciativas de la organización que consideraba contrarias a sus intereses geopolíticos.
Sin embargo, con la invasión de Ucrania en 2014, la Rusia de Putin fue incluso más lejos que la Unión Soviética, no sólo en términos de agresión militar contra un país europeo, sino también en su acercamiento a la OSCE.
Mientras que la Unión Soviética y la Rusia postsoviética bajo Boris Yeltsin, al menos formalmente, pretendieron respetar los compromisos en materia de derechos humanos del Acta Final, el régimen de Putin los rechazó cada vez más por considerarlos "occidentales" e incompatibles con la soberanía nacional.
Las acusaciones de parcialidad y doble moral occidentales se han convertido en un tema recurrente en las declaraciones rusas en las reuniones de la OSCE. Moscú ha explotado sistemáticamente el proceso de toma de decisiones por consenso de la OSCE para socavar la dimensión humana de la organización.
La negativa de Rusia a aceptar decisiones clave ha suspendido la conferencia anual de la OSCE sobre derechos humanos, bloqueado mandatos y financiación para misiones de campo centradas en la sociedad civil y los derechos humanos, y paralizado los propios mecanismos de la organización para investigar violaciones graves, a menos que dichos esfuerzos estén alineados con los intereses geopolíticos del Kremlin.
Del sabotaje al impasse
Pero mientras Rusia bloqueaba sistemáticamente la agenda de derechos humanos de la OSCE a favor de un enfoque exclusivo en cuestiones duras de seguridad, al mismo tiempo trabajaba para vaciar también las dimensiones políticas y militares de la Organización.
Tras la invasión rusa de Ucrania en 2014, los Estados participantes de la OSCE presionaron para que se monitoreara la frontera ruso-ucraniana a fin de determinar si Rusia enviaba armas o tropas a territorio ucraniano. Sin embargo, el mandato técnico y el alcance geográfico de la misión de observación de la OSCE, que Rusia aceptó, imposibilitaron físicamente la vigilancia de la zona fronteriza más amplia, donde se sospechaban transferencias militares.
Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Moscú se negó a permitir la presencia de la OSCE en las nuevas líneas del frente. Rusia también bloqueó la ampliación de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania, impidiendo así que la organización supervisara el conflicto.
Al igual que la inmensa mayoría de las organizaciones internacionales creadas en el siglo pasado para reducir las tensiones geopolíticas y orientar las relaciones internacionales hacia la coexistencia pacífica y la cooperación, la OSCE se encuentra ahora en una crisis existencial terminal. El Acta Final de Helsinki, un hito histórico de la Guerra Fría, pertenece a un orden internacional que ya no existe, al igual que la OSCE.
Junto con las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Corte Penal Internacional y muchas otras instituciones que han perdido su coherencia y propósito en el interregno actual, la OSCE seguirá existiendo por inercia institucional y como un monumento conmemorativo de la era histórica de relativa estabilidad en Europa.
Como tal, sigue siendo irremplazable, aunque sólo sea porque el nuevo orden internacional aún no ha surgido.
observador