Encuestas, publicidad electoral, una ley perversa

Soy un usuario activo de la investigación de mercados, la cual valoro y defiendo. Pero las encuestas electorales, en concreto, sobre todo en períodos de campaña, merecen una atención especial por parte del legislador. De hecho, el sector de las empresas de estudios de mercado no está autorregulado y el regulador público (ERC) hace poco más que simplemente recibir y hacer públicos, dos semanas después de que le envíen los estudios completos y sólo si son publicados en los medios.

Sin embargo, el regulador no realiza ningún escrutinio ni análisis crítico de estos estudios ni tampoco audita a las empresas. Peor aún, en el caso de las encuestas publicadas en la última semana de la campaña electoral, solo después de las elecciones es posible examinar su metodología, dado el retraso con el que se ponen a disposición en el sitio web de ERC. Es decir, cuando “Inés es asesinada”.

Sabemos que las encuestas son “solo” estudios sobre las intenciones de voto de quienes aceptaron responder en un momento determinado, pero también sabemos que la forma en que se presentan en los medios (y son mal leídas por la mayoría de los comentaristas) lleva a los votantes a creer que son “la verdad”. Acaban, pues, influyendo en la intención de voto, especialmente en los últimos días de la campaña, donde la motivación para votar y votar de forma útil son fundamentales.

Por eso es importante que las empresas encuestadoras estén protegidas por una buena ley, algo que actualmente no existe, y que proteja las buenas prácticas y la transparencia. Pero también es necesario que el legislador regule más claramente la publicación de estudios de intención de voto, en particular en la última semana de las campañas electorales, y actúe sobre las empresas que participan intencionalmente en intentos de manipulación de las elecciones. Y existe.

La Ley Electoral es, de hecho, un extraño caso de incompetencia legislativa y, sobre todo, de desactualización, tanto más extraño cuanto que este mismo legislador es el usuario final de la legislación y debería, por tanto, cuidarla en favor de la democracia de la que se alimenta.

Permítanme darles un ejemplo: ¿qué sentido tiene seguir prohibiendo la llamada publicidad comercial en las campañas electorales en el siglo XXI? En otras palabras, ¿qué sentido tiene no poder publicar un anuncio, un spot o incluso patrocinar un post en Facebook o Instagram relacionado con una campaña electoral?

La legislación portuguesa entiende que permitir estas campañas comerciales, como existen en otros países, podría dar a los partidos o candidatos con mayores medios económicos una ventaja sobre los que tienen menos.

Pero éste es el argumento más falaz de la historia, porque al mismo tiempo permite gastar millones de euros (sí, no me he equivocado con los ceros) en campañas de vallas publicitarias, viajes, caravanas, sedes de campaña, material promocional, etc., que sólo los candidatos o partidos con mucho dinero pueden generalizar.

Ahora bien, es una contradicción irresoluble no permitir un post patrocinado en Facebook (en aras de la igualdad) pero admitir que los grandes partidos y los candidatos con más recursos pueden ensuciar el paisaje, casi sin reglas, con mensajes de campaña electoral en vallas publicitarias, mientras los partidos pequeños no tienen esa capacidad financiera. Y aún resulta más difícil explicar que quien no puede gastar millones en vallas publicitarias no pueda, al menos, gastarse 50 euros en una publicación en las redes sociales.

Si lo que se pretende es no dar más posibilidades de comunicación a los partidos con más recursos, deberíamos empezar por prohibir las vallas publicitarias o, al menos, regular su colocación, equilibrando así las posibilidades de que los que tienen menos recursos gocen de cierta equidad.

El sistema actual es, de hecho, todo menos equitativo. Se sabe que las campañas electorales se financian fundamentalmente de dos maneras: a través de subvenciones estatales y a través de donaciones. Ahora, quien esté en el poder tiene una triple ventaja. Por un lado, necesita menos publicidad porque, nos guste o no, el ejercicio del poder favorece el reconocimiento público y el acceso a los medios formales a través de la producción periodística. Pero como los subsidios estatales dependen de los resultados electorales, también proporcionan a quienes están en el poder o cerca del poder medios financieros mucho mayores y también mayor acceso a más donaciones.

Los candidatos independientes, los partidos pequeños o incluso aquellos que, sin ser pequeños, compiten contra el gobierno, tienen menos de todo: visibilidad natural, acceso a subsidios estatales y menos poder para pedir donaciones. Si a esta triple desventaja añadimos la imposibilidad de compensar su menor visibilidad en redes sociales con publicidad de unas decenas de euros, entonces se ven condenados a la pobreza y a la derrota casi segura, quedando confinados en las vallas publicitarias, donde la simplificación del mensaje es la regla y, por tanto, también se perjudica la calidad de la clarificación de las propuestas.

Si queremos campañas con contenidos y que las propuestas sean explicadas y detalladas, ¿no son las redes sociales o la comunicación social medios más favorables? Si queremos un mayor equilibrio entre los partidos “grandes” y los “pequeños”, ¿no sería mejor prohibir o regular la parafernalia tercermundista de las vallas publicitarias que consume millones de euros y que sólo los partidos “grandes” pueden generalizar? ¿Y por qué, en este contexto, no es posible, al menos, hacer una campaña en periódicos o en Facebook con un modesto presupuesto publicitario?

Si Portugal tiene un problema con la financiación de la prensa, en particular de la prensa regional, que normalmente depende del gobierno actual, ¿no sería más justo, más transparente y más útil permitir a los candidatos comprar de forma transparente una página en un periódico local o una hora en la radio local en lugar de llenar rotondas con carteles?

La Ley Electoral tiene otros enormes defectos. En materia de gobierno local, entonces, hay inmensas inconsistencias y perversiones democráticas, como es el caso de la constitución de “gobiernos” locales utilizando el método d’Hont. Según la ley actual, un partido pequeño puede ser elegido en Lisboa o en Oporto con el 5% de los votos, y tendrá un “ministro” (consejero) en ese “gobierno” llamado ejecutivo. Pero en un municipio más pequeño, con cinco o siete concejales, es casi imposible que la tercera fuerza política elija a alguien.

El resultado práctico de esta ley absurda es que en un municipio más pequeño siempre habrá mayoría absoluta, incluso si gana por un solo voto. Pero en un municipio grande como Lisboa u Oporto, es casi imposible alcanzar tal objetivo e, incluso cuando sucede, las reuniones ejecutivas se hacen insoportables, con cinco o seis fuerzas políticas opinando sobre cuestiones ejecutivas que deberían ser responsabilidad de quienes gobiernan.

A menudo se dice que la democracia tiene un costo. Si esto es cierto, sería bueno que ese costo se trasladara a una mayor clarificación, mejor calidad de la información y mayor igualdad de oportunidades. Esto no es lo que existe con un sistema que prohíbe pequeñas inversiones en prensa digital y local y arroja las campañas electorales a cerdos en asadores y vallas publicitarias inútiles y contaminantes.

La equidad no es la que existe en las campañas y tampoco es la que existe en la democracia local, donde el ejercicio del poder, las reglas restrictivas para quienes compiten contra ese poder y el método de elección de los “gobiernos” locales son obstáculos para la clarificación, el equilibrio y la justicia de oportunidades para las fuerzas políticas fuera del arco de poder.